El gobierno nicaragüense defiende la retirada de la ciudadanía a sus opositores. A lo largo de la historia, los Estados han usado ampliamente la privatización de la nacionalidad para excluir o expulsar a las personas consideradas indeseables, como disidentes políticos, delincuentes condenados y miembros de grupos minoritarios étnicos, religiosos o raciales.

A fines de la década de 1930, Alemania, Italia y Francia promulgaron leyes de nacionalidad discriminatorias que revocaba la ciudadanía a grupos específicos, particularmente -aunque no solamente- judíos recién naturalizados, lo que facilitó su persecución. En 1941, el presidente panameño Arnulfo Arias presentó una nueva constitución que promovía una forma excluyente de nacionalismo y estableció disposiciones de ciudadanía discriminatorias, lo que sentó las bases del retiro de nacionalización de miles de panameños afrocaribeños. En 1982, Myanmar (entonces Birmania) aprobó una ley de ciudadanía que despojaba de su ciudadanía a los rohinyá-minoría étnica predominantemente musulmana del estado Rakáin-. según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los rohinyá constituyen la mayor población apátrida del mundo, cerca de 1.8 millones de personas no tienen nacionalidad. Aunque la privación de nacionalidad no resulta invariablemente en apatridia, frecuentemente ha tenido ese resultado, y ha dejado a muchas comunidades afectadas con esas políticas sin protección de ningún Estado.

Como afirma Audrey Macklin en su capítulo "El regreso de la deportación: ¿Las nuevas políticas de retiro de la nacionalidad debilitan la ciudadanía?" en el libro "Debate de las transformaciones de la ciudadanía nacional", los "defensores de revocar la ciudadanía recitan litúrgicamente que la 'ciudadanía es un privilegio, no un derecho», honor que algunos líderes autoritarios creen que se debe ganar con fidelidad al camino político que han considerado adecuado para el país.

Quienes traicionan a su patria pierde su derecho a pertenecer.

El 9 de febrero de 2023, el Gobierno nicaragüense liberó a 222 prisioneros políticos y los deportó a Estados Unidos. Ese mismo día, la Asamblea Nacional -controlada por el partido gobernante- aprobó unánimemente una reforma constitucional que autoriza revocar la nacionalidad a quienes se declare "traidores a la patria". Estas reformas se aprobaron con la ley 1145 y luego se incorporaron a la ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. El 15 de febrero de 2023, el Gobierno nicaragüense revocó la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses.

La ciudadanía como instrumento de control: en Nicaragua, el desacuerdo es silenciado.

El gobierno nicaragüense defiende la retirada de la ciudadanía a sus opositores.

Un año después, el 21 de febrero de 2024, en un discurso para celebrar los 90 años del revolucionario Augusto Nicolás Calderón Sandino, el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo, "quienes traicionan a su patria dejan de pertenecer a ese país y dejan de tener una patria. Es por eso quien traiciona a su patria se le llama" apátrida. Ortega usa "traición a la patria" y "apátrida" en su declaración para igualar traición a la patria con apatridia.

Ortega hizo estas declaraciones en referencia a Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, dos expresidentes de Nicaragua de la primera mitad del siglo XX, y a las más de 300 personas a quienes se privó de su ciudadanía. Comparó a los exiliados con los dos anteriores líderes del país que apoyaron la ocupación estadounidense de Nicaragua (1912-1933), contra la que Sandino luchó.

Miembros del actual Gobierno nicaragüense y la prensa afiliada repiten esta narrativa y la creencia de que expresar desacuerdo con la actual administración es un acto de traición que debe penalizarse con el retiro de la nacionalidad.

Esta narrativa también se difunde fuera de Nicaragua. En julio de 2025, Camboya revisó su Constitución y aprobó nueva legislación que autorizaba al Gobierno despojar de la ciudadanía jemer a personas declaradas culpables de traición, de colaborar con entidades extranjeras o de amenazar la seguridad nacional. En referencia a la regulación, dijo: Si eres patriota y estás determinado hasta tu último aliento a no actuar contra los intereses camboyanos, por favor, no te preocupes. Pero si tienes un plan para conspirar con un país extranjero para destruir los intereses camboyanos, entonces debes preocuparte. Y si es así, no debes seguir siendo camboyano.

 El julio de 2026, el Parlamento ruso aprobó una ley que envía un mensaje similar a los disidentes. Según esa norma, los rusos que viven en el extranjero para evadir acusaciones con motivación política pueden verse privados de sus derechos de propiedad, acceso a cuentas bancarias y servicios consulares, un grupo de medidas que los abogados dicen que, en realidad, equivalen a revocar la ciudadanía.

El contexto alrededor de la narrativa.

Daniel Ortega es un excombatiente de guerrilla que ayudó a derrocar al presidente Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979. Somoza Debayle fue el último miembro de la familia Somoza en gobernar Nicaragua, lo que puso fin a una dinastía respaldada por Estados Unidos que había gobernado el país desde 1936. Ortega ejerció primero como presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, en representación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político que surgió del movimiento al que pertenecía.

Entre 1990 y 2006, Nicaragua pasó de guerra civil y gobierno sandinista a un sistema democrático multipartidario bajo el mando de tres presidentes consecutivos -Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños- antes de que Daniel Ortega recuperara la presidencia con su victoria electoral de 2006.

Daniel Ortega ha gobernado Nicaragua desde 2007. Luego de reformas constitucionales aprobadas en 2024, empezó a compartir la presidencia con su esposa, Rosario Murillo, en 2025.

Numerosas organizaciones internacionales consideran ampliamente a la administración de Ortega y Murillo como autoritaria. Según Amnistía Internacional, el Gobierno nicaragüense ha consolidado el control autoritario e intensificado su represión del desacuerdo. La organización informa de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores políticos, y restricciones a la libertad de expresión, asociación y religión. También documenta un continuo acoso a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Amnistía Internacional señala que las reformas constitucionales han ampliado los poderes del Estado y han debilitado las protecciones contra abusos, y que incluso han eliminado la prohibición constitucional de la tortura.

 La crisis política en Nicaragua ha ido en aumento desde 2018, cuando las protestas sociales, desencadenadas por reformas propuestas de Seguridad Social, reflejaron años de creciente descontento público por restricciones a libertades cívicas, instituciones debilitadas y la concentración del poder en el Ejecutivo. La violenta represión estatal dejó al menos 355 muertos, más de 2000 heridos y más de 2000 detenidos arbitrariamente.

 Ortega y sus seguidores sostienen que representan el legado de Augusto César Sandino, controvertido revolucionario que luchó por la soberanía nacional, se opuso a la intervención estadounidense en Nicaragua en la década de 1920 e inspiró el movimiento sandinista.

Las intervenciones estadounidenses en Nicaragua ocurrieron en varias ocasiones, sobre todo la expedición obstruccionista de William Walker de mediados del siglo XIX, la prolongada ocupación militar estadounidense entre 1912 y 1933, y el apoyo estadounidense a los Contras, movimiento armado contrarrevolucionario que luchó contra la Junta de Reconstrucción Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la presidencia de Daniel Ortega en la década de 1980.

Ortega se ha presentado como uno de los significativos líderes antiimperialistas de Latinoamérica, junto con el cubano Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez Frías. En su discurso, a los disidentes se les considera "traidores a la patria" y a menudo se les vincula con intentos imperialistas que se consideran vienen principalmente de Estados Unidos.

Pero ya no cuenta con amigos. Cuba aislada y una Venezuela que le vende combustible a precios de mercado. Nicaragua no tiene refinerías, su electricidad proviene de usinas de gas oil, y la geografía no es benigna: Los aerogeneradores no soportan los huracanes y la hidroeléctrica es mínima, en país montañoso y poblado cada pequeño valle es aprovechada para la agricultura.

Los más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad incluyen a miembros de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y representantes de la Iglesia católica. Después de que el Gobierno nicaragüense anunció su decisión, los Gobiernos de México, España, Chile y Argentina ofrecieron naturalizar a quienes recientemente habían pasado a ser apátridas.

 El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció que «no habrá más elecciones» en el país. Las elecciones presidenciales de Nicaragua estaban programadas para 2027, después de que una reforma constitucional las postergó de su fecha original, a fines de 2026.

El hecho solo suscito algunos comunicados de las cancillerías latinoamericanas, Estados Unidos y de la UE. Pero Nicaragua tiene una economía estable, totalmente liberal que utiliza mano de obra barata para productos de exportación y con muchas empresas internacionales obtienen ganancias exprimiendo a los más pobres de Nicaragua. Tampoco se puede tener un doble discurso. Mientras el derechista Bukele busca eternizarse como presidente cambiando la constitución de El Salvador, casi sin críticas de otros estados, inclusive de la OEA. Nicaragua no tiene petróleo ni nada que la haga interesante para algún tipo de embargo o intervención militar. Queda en mano de los propios nicaragüenses sacar a los Sandinistas del poder. Bueno si hay un país: o Costa Rica que tiene refugiados unos 800 mil nicaragüenses, a los que cubre los gastos de salud y de todo el aparato de bienestar social, igual que ha sus propios ciudadanos. Los Ticos se cansaron de la situación y llevaron a la presidencia al derechista, Laura Fernández Delgado.

Michael Mansilla.

michaelmansillauypress@gmail.com

https://michaelmansillauypress.blogspot.com

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

Los históricos y muchos fracasos de las intervenciones en Latinoamérica. Michael Mansilla.

21.01.2026

El plan de Estados Unidos para Venezuela tiene un precedente. No es bueno. Las lecciones de los esfuerzos de "intervención fiscal" de principios del siglo XX deberían servir de advertencia para Venezuela.

Hace unas semanas, tras la operación militar estadounidense en Venezuela que derrocó al presidente Nicolás Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio anunció un plan de tres fases para administrar las vastas reservas petroleras del país desde Washington. Además de supervisar la producción y las ventas, Rubio también sugirió que Estados Unidos controlaría la asignación de los ingresos provenientes de la venta de petróleo, afirmando que esto garantizaría que los ingresos beneficien a la población venezolana y no a los poderosos corruptos. Dado que el petróleo representa la mayor parte de los ingresos públicos de Venezuela, esto otorgaría a Washington una influencia decisiva sobre las prioridades presupuestarias del país.

El plan de la administración para Venezuela representa un cambio radical con respecto a las operaciones estadounidenses de cambio de régimen de las últimas ocho décadas. No refleja ni las motivaciones ideológicas de la Guerra Fría ni el idealismo democrático que moldeó las intervenciones posteriores. En cambio, la visión del presidente Donald Trump de una extracción a bajo costo -gestionar la venta y los ingresos del petróleo venezolano sin administradores ni tropas estadounidenses sobre el terreno- parece revivir un modelo mucho más antiguo: la administración judicial fiscal. Este enfoque, iniciado por el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX, ofrece un conjunto de precedentes históricos instructivos mientras Washington se embarca en un experimento potencialmente arriesgado en Venezuela.

Entre 1904 y la década de 1930, Estados Unidos supervisó sindicaturas fiscales en varios países de América Latina y el Caribe, en particular en República Dominicana, Cuba, Haití, Nicaragua y Panamá. Estos acuerdos no equivalían a protectorados formales, pero a menudo funcionaban como tales en la práctica. Los funcionarios estadounidenses asumieron el control de fuentes de ingresos clave -comúnmente las aduanas, que en aquel entonces eran la principal fuente de ingresos estatales- y, en algunos casos, también ejercieron autoridad sobre la tributación interna y la presupuestación. Los gobiernos locales conservaron su soberanía nominal y sus instituciones políticas formales, pero las decisiones sobre la recaudación de ingresos, el servicio de la deuda y el gasto público fluían cada vez más a través de Washington.

La República Dominicana fue la primera prueba importante de este modelo. En 1905, ante la inestabilidad política crónica y la preocupación por la intervención europea sobre las deudas impagas, la administración Roosevelt tomó el control de las aduanas dominicanas. El acuerdo logró inicialmente reorganizar la deuda externa y restablecer el orden fiscal a corto plazo. Sin embargo, los problemas políticos subyacentes seguían sin resolverse. Para 1916, la renovada inestabilidad y el conflicto armado provocaron una ocupación militar estadounidense total, que duraría hasta 1924. La lección era clara: controlar los ingresos no impidió que los actores nacionales movilizaran fuentes alternativas de financiación ni eliminó la fragmentación política.

Cuba y Haití implicaron versiones aún más intrusivas de control fiscal. Tras unas elecciones controvertidas y la rebelión en Cuba en 1906, Estados Unidos instaló un gobierno provisional que dirigió el país durante más de dos años. A pesar de su amplia autoridad, los administradores estadounidenses no lograron mejoras fiscales duraderas.  La corrupción persistió y los funcionarios estadounidenses toleraron con frecuencia las redes clientelares para mantener la estabilidad política. En Haití, tras la intervención de 1915 y la posterior ocupación, un asesor financiero estadounidense se convirtió en la autoridad final sobre el presupuesto nacional. El acuerdo generó una intensa resistencia popular (incluida una rebelión campesina en 1919), no logró aumentar los ingresos y dejó al país en una situación políticamente frágil tras la retirada de las fuerzas estadounidenses en 1934.

Los casos basados en la cooperación formal no tuvieron mejor suerte. En Nicaragua y Panamá, los asesores fiscales estadounidenses fueron invitados por los gobiernos locales en busca de estabilidad y credibilidad internacional. Sin embargo, estudios históricos muestran que, en promedio, los países bajo supervisión fiscal estadounidense no experimentaron aumentos sostenidos en los ingresos públicos. En algunos casos, los ingresos disminuyeron. La promesa de que la supervisión tecnocrática externa generaría una "buena gobernanza" resultó ilusoria. Igualmente, importante, los inversionistas estadounidenses, a menudo considerados los principales beneficiarios, rara vez obtuvieron ganancias a largo plazo. Más allá de los pagos esporádicos de la deuda, las empresas estadounidenses enfrentaron entornos políticos hostiles e inestables que socavaron la inversión duradera y les infligieron costos reputacionales.

 

Política de buena vecindad

Para la década de 1930, estos fracasos acumulados llevaron a Washington a abandonar el modelo. Bajo la Política de Buena Vecindad de Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos renunció formalmente a la intervención armada y se retiró de las administraciones fiscales, reconociendo que gobernar las finanzas extranjeras desde la distancia era políticamente costoso y económicamente ineficaz. La coerción por sí sola no podía generar estabilidad ni legitimidad. 

En marzo de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) declaro en su primer discurso inaugural: "En el campo de la política mundial, dedicaría esta nación a la política del buen vecino: el vecino que se respeta resueltamente a sí mismo y, porque lo hace, respeta los derechos de los demás". Esto llegó a conocerse como la "Política del Buen Vecino", que estaba particularmente dirigida a las Américas, donde Estados Unidos tenía una historia de agresión e intervenciones militares fallidas, respaldada por el Corolario de Theodore Roosevelt de 1904 a la Doctrina Monroe de 1823. 

Con la Política del Buen Vecino, Roosevelt buscó cambiar la narrativa sobre la política estadounidense hacia el hemisferio occidental, donde Estados Unidos era visto como una potencia agresiva que percibía la región como parte de su esfera de influencia. En diciembre de 1933, en la Conferencia de Montevideo, el secretario de Estado Cordell Hull apoyó una declaración de las naciones del hemisferio occidental que establecía: «Ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro».

La política exterior estadounidense hacia Latinoamérica fluctuó entre estos dos enfoques durante el resto del siglo XX. La política exterior estadounidense hacia Latinoamérica fluctuó entre estos dos enfoques durante el resto del siglo XX. Sin embargo, en Washington surgen nuevas preocupaciones sobre las lentas pero constantes incursiones constantes de China en Latinoamérica, especialmente ante la emergente competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China. No sorprende, entonces, que Latinoamérica esté atrayendo nuevamente la atención de la segunda administración Trump.

 

El plan de la administración Trump para Venezuela debe evaluarse en este contexto

Trump enfrenta limitaciones similares a las que limitaron a Roosevelt. A principios del siglo XX, el recuerdo de la guerra filipino-estadounidense (1899-1902, seguida de una prolongada insurgencia) redujo el apoyo público estadounidense a las ocupaciones prolongadas en el extranjero. Hoy, los legados de Afganistán e Irak también limitan la tolerancia nacional ante los enredos extranjeros a largo plazo. Sin embargo, sin una presencia sostenida, capacidad administrativa y legitimidad política sobre el terreno, las perspectivas de reforma del sector petrolero venezolano siguen siendo inciertas, especialmente en un entorno marcado por la corrupción, la fragilidad institucional y el riesgo de un nuevo conflicto.

La historia no se repite necesariamente, y Venezuela en 2026 no es el Caribe de 1906. Sin embargo, estos precedentes son instructivos. Las administraciones fiscales de principios del siglo XX ofrecían la ilusión de control, pero no lograban resolver problemas estructurales, estabilizar la política ni generar beneficios económicos duraderos, ni para los países involucrados ni para los inversionistas estadounidenses. Subrayan una lección recurrente: incluso las potencias hegemónicas enfrentan límites estrictos al intentar gestionar la economía política de otros estados a distancia, lo que genera un sentimiento antiestadounidense y efectos de apoyo mutuo. 

Las compañías petroleras estadounidenses muestran gran cautela y escepticismo ante la inversión en Venezuela, a pesar de los llamados del gobierno de Trump, debido a la extrema inestabilidad política y jurídica, el deterioro masivo de la infraestructura, el riesgo de expropiaciones (como las vividas por ExxonMobil y ConocoPhillips), y la necesidad de enormes inversiones para reactivar la producción (estimadas en más de $100,000 millones). Exigen garantías legales y financieras robustas, aunque algunas empresas como Chevron ya operan bajo licencia limitada y se han mostrado dispuestas a aumentar su producción si se garantizan esas condiciones, según reportes de enero de 2026.  

 

Razones Principales del Rechazo o Cautela

 Inestabilidad Política y Jurídica: Existe un alto riesgo de cambios abruptos en la política, como las expropiaciones pasadas, y una falta de seguridad jurídica para grandes capitales.

Infraestructura Deteriorada: La industria petrolera venezolana necesita una inversión gigantesca (se habla de más de $100,000 millones) para recuperar su capacidad, lo que no se considera rentable a corto plazo con los precios y costos actuales.

Experiencias Pasadas Negativas: Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips fueron expropiadas y perdieron miles de millones, lo que genera desconfianza para un regreso a gran escala.

Incertidumbre sobre el Gobierno: Aunque Trump busca negociar directamente, las empresas perciben el entorno venezolano como volátil, y las políticas del gobierno de Maduro han expulsado a muchas empresas.

Riesgo de Conflicto y Sanciones: La propia política exterior estadounidense genera incertidumbre sobre la estabilidad a largo plazo de cualquier inversión en Venezuela. 

 

Posición de las Empresas y el Gobierno de EE. UU. (enero 2026)

Trump ha presionado a las petroleras para que inviertan, ofreciendo protección gubernamental y asegurando que negociarán directamente con su administración, no con Caracas, pero las empresas son escépticas.

ExxonMobil ha señalado que volver requeriría cambios significativos en las leyes y garantías de inversión, según su CEO.

Chevron (que ya opera en Venezuela) y otras como Shell, Repsol y Eni han manifestado su disposición a aumentar la producción, pero solo con condiciones claras y garantías de inversión, según funcionarios de EE. UU.  

La tibia respuesta de las compañías petroleras estadounidenses a la solicitud de Trump de realizar inversiones significativas en Venezuela sugiere que son conscientes de los riesgos a largo plazo que conlleva, en particular considerando el historial de volatilidad institucional y brusca nacionalización de Venezuela. Mientras Washington se embarca en su experimento más ambicioso de control hemisférico en décadas, estas duras lecciones del pasado merecen una atención cuidadosa.

 

Michael Mansilla 

michaelmansillauypress@gmail.com 

https://michaelmansillauypress.blogspot.com

 

 

 

 

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias