domingo, 17 de mayo de 2026

 Nueva Jersey, le dice no a los data center.





En una pequeña localidad rural del estado de Nueva Jersey, la presión vecinal logró frenar un proyecto de infraestructura tecnológica que había despertado una fuerte controversia: las autoridades de Andover estudian ahora prohibir por completo la instalación de centros de datos en su territorio, tras semanas de protestas y tensos debates públicos.


El cambio de rumbo se produjo en el municipio de Andover Township, donde el gobierno local había aprobado inicialmente ordenanzas que abrían la puerta a la construcción de un gran centro de datos. La iniciativa, defendida en un primer momento por su potencial recaudatorio, terminó enfrentándose a una oposición vecinal tan intensa que llevó a las autoridades a reconsiderar su postura.


De acuerdo con informaciones difundidas por NJ.com, el alcalde del municipio, Thomas Walsh Jr., anunció que el concejo votará la revocación de las normas aprobadas y debatirá una nueva propuesta que impediría cualquier futuro desarrollo de este tipo dentro de la localidad.


Walsh reconoció que el proyecto prometía importantes ingresos fiscales para la administración local, pero afirmó que el costo social y ambiental percibido por los residentes hizo insostenible continuar adelante. Según explicó, ninguna inversión económica compensaría el impacto que, a juicio de la comunidad, tendría una transformación tan drástica del entorno rural del municipio.


Entre los opositores, la decisión fue recibida como una victoria ciudadana. Uno de los residentes más activos en la campaña contra el centro de datos, Ken Collins, expresó su sorpresa por la marcha atrás de las autoridades y destacó el grado de movilización alcanzado por la comunidad local, que se organizó de manera inusual para impedir el avance del proyecto.


La controversia escaló especialmente tras una reunión municipal particularmente tensa celebrada días antes, cuando uno de los asistentes fue expulsado por la policía después de increpar duramente a funcionarios que apoyaban la construcción. El incidente generó críticas adicionales después de que circulara un video en el que se veía al residente siendo reducido y derribado durante su retirada del recinto.


Pese a la polémica, Walsh defendió la actuación policial y sostuvo que los agentes actuaron con contención en una situación que consideraron potencialmente peligrosa. Según el alcalde, los oficiales debían garantizar su propia seguridad ante una confrontación imprevisible.


El caso de Andover refleja una tendencia creciente en distintas partes de Estados Unidos, donde los centros de datos se han convertido en foco de disputas políticas y sociales. Las comunidades que se oponen a estos proyectos denuncian el elevado consumo de agua y electricidad, el aumento del costo de los servicios públicos y el ruido constante generado por las instalaciones.


La discusión ha llegado incluso al plano federal. A comienzos de este año, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez impulsaron una propuesta legislativa para establecer una moratoria nacional sobre nuevos centros de datos dedicados a inteligencia artificial, argumentando la necesidad de crear salvaguardas estrictas en materia ambiental, derechos civiles, privacidad y protección laboral.


Mientras tanto, importantes actores del sector tecnológico buscan influir en el debate regulatorio. Según diversos reportes, un comité político respaldado por Andreessen Horowitz, junto a inversores como Joe Lonsdale, planea invertir más de 100 millones de dólares en las elecciones legislativas para apoyar candidatos favorables a una regulación federal uniforme sobre IA, que limitaría la capacidad de los estados para imponer sus propias restricciones.

Michael Mansilla.


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