18.04.2024
El primer ministro de Modi es el seguro ganador de las elecciones generales indias, que comienzan el 19 de abril. Nandrana Modi va en el camino de los gobiernos autoritarios. Trump, Orban, Putin o Xi. Al igual que Vladimir Putin lo hace con el sistema legal existente, que va acomodando a su medida, mientras elimina o silencia a sus competidores. Está utilizando el mismo manual para desmantelar silenciosamente la democracia desde dentro, bajo el barniz de legitimidad legal. Esta es la historia de cómo se construye un Estado autoritario, de forma legal.
Aquí hay una historia sobre un líder autoritario de una potencia global que quiere doblegar al país a su imagen.
Sigue de cerca el "libro de jugadas" del líder populista: un outsider fuera de las castas de familias vinculadas a la política como los Gandhi y partido del Congreso Nacional Indio, un conservador religioso, un hombre fuerte despiadado basado en la Hinduka, un nacionalismo religioso, que castiga todo lo que no sea hindú. Pero, sobre todo, Modi se ha dado cuenta de que, para lograr un verdadero control de su país, necesita capturar y controlar el sistema legal y su máximo poder, la Corte Suprema.
En una fresca mañana de invierno de febrero de 2023, me encuentro (Antropóloga Sandhya Fuchs) en un café local con uno de mis vecinos del sur de Delhi, un abogado de la Corte Suprema de la India. Como ávido promotor de los derechos de las minorías religiosas, conocido por su compromiso con los principios de igualdad consagrados en la constitución después de que la India obtuvo su independencia en 1947, me sorprende la gravedad de los temores que este abogado me revela mientras tomamos un café. Le preocupa no sólo el futuro del sistema legal de la India, sino también el futuro del país mismo:
Las noticias internacionales describen a la India como la democracia más grande del mundo, pero esta democracia se está pudriendo desde adentro. Nuestro Estado de derecho está siendo atacado por nuestro propio gobierno y el mundo no lo ve.
El pesimismo del abogado se había profundizado con la reciente noticia de que el gobierno indio estaba presionando para que se desempeñara un papel más sustancial en los nombramientos judiciales para el Tribunal Supremo. Semanas antes, había bloqueado las nominaciones de cuatro nuevos jueces propuestos por un "colegio" formado por los cinco jueces más importantes de la Corte Suprema actual de la India.
El abogado explicó que este colegio había sido una importante salvaguardia de la independencia judicial india durante los últimos 25 años. Ahora, sin embargo, el gobierno afirmaba que, "por razones de transparencia", debería tener más voz en la selección de los jueces de la Corte Suprema. Con un tono de desesperación en su voz, mi compañero de café concluyó:
No se trata de transparencia. Este es otro ejemplo más de cómo este gobierno intenta erosionar el Estado de derecho desde dentro. Pronto seremos un país gobernado por un autoritarismo mafioso legal.
Erradicación de la democracia.
India es una potencia mundial en ascenso. En abril de 2023, la ONU anunció que había superado a China como la nación más poblada del mundo. Durante su visita a Estados Unidos en junio de 2023, el primer ministro de la India, Narendra Modi, invitó a líderes mundiales a una sesión de yoga en el césped de la Casa Blanca. Unos meses más tarde, fue anfitrión de la cumbre del G20 de los líderes más poderosos del mundo en Delhi.
Bajo Modi, la India ha trabajado arduamente para desarrollar una imagen global como una nación que combina la innovación económica y tecnológica con un profundo respeto por las prácticas religiosas antiguas. Esta imagen quedó cimentada con la inauguración de un nuevo y enorme templo hindú en la ciudad norteña de Ayodhya en enero de 2024. Pero la Republica de India es multiconfesional, por lo que el presupuesto de la construcción se realizó con donaciones de empresarios amigos y artistas.
La inauguración duró varios días. Todos los que quieren triunfar en la "nueva India", necesariamente tienen que tomarse una foto con Modi y financiar al partido Bharatiya Janata (BJP). Diplomáticos, actores de Bollywood, millonarios y figuras religiosas hindúes de renombre internacional acudieron en masa para presentar sus respetos.
Pero detrás de estas brillantes imágenes, se está desarrollando una historia diferente dentro de la India, una historia que, según los críticos del gobierno, está marcada por la exclusión, la violencia y la erradicación gradual del proyecto democrático indio.
Desde que llegó al poder por primera vez en 2014, Modi y su derechista Partido Bharatiya Janata (BJP) se han embarcado en una agenda de nacionalismo hindú mayoritario. Guiados por la ideología del Hindutva, que percibe la historia de la India como indisolublemente ligada a la práctica religiosa hindú, y con la ayuda de un comité de asesores cuidadosamente seleccionados, han perseguido una visión de la India como un país gobernado por hindúes para hindúes.
Durante la última década, India ha visto una proliferación de ataques verbales y físicos contra minorías religiosas y dalits (la casta más baja de personas en India, antes conocida como "intocables"). Algunos políticos del BJP han descrito a los musulmanes como "traidores a la nación". Desde que Modi llegó al poder, se informa que han aumentado significativamente los linchamientos de musulmanes y dalits por parte de grupos parapoliciales que condenan el desollado del ganado y el transporte o consumo de carne de vacuno.
Al mismo tiempo, muchas voces cívicas críticas con el gobierno han sido silenciadas: periodistas, académicos y políticos preocupados por la creciente represión de las minorías y la erosión gradual de la estructura democrática de la India han visto sus cuentas de Twitter bloqueadas, sus hogares allanados y, en algunos casos, Los casos han sido encarcelados. Recientemente, Rahul Gandhi, el principal líder de la oposición de la India, se quejó de que su partido del Congreso Nacional Indio está siendo "paralizado" "por las demandas de impuestos estatales que han llevado al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Sin embargo, un aspecto del creciente poder de Modi ha recibido comparativamente poca atención: su progresiva captura de la maquinaria legal de la India. Como antropólogo jurídico que ha pasado los últimos diez años investigando las leyes sobre derechos humanos y delitos de odio en la India, he sido testigo de la erosión del otrora robusto sistema jurídico democrático del país por parte de las fuerzas hindutvas. El último ejemplo es la introducción por parte del BJP de una nueva estructura jurídica penal en la India, que entrará en vigor en julio de 2024.
En la versión Hindutva de la India de Modi, la ley existe ahora en dos planos paralelos. Constitucionalmente, sigue siendo una democracia secular, comprometida con la idea de igualdad social y política. Sin embargo, en el nivel policial, de interpretación judicial y, cada vez más, legislativo, el derecho estatal indio se ha convertido en un lugar donde las ideologías hindutva mayoritarias han remodelado las ideas de justicia y pertenencia.
Dado que Modi es un gran favorito para ganar las elecciones generales indias, que comienzan el 19 de abril, entender lo que está sucediendo con el sistema legal del país -y hasta dónde podría llegar en su próximo mandato- parece importante no sólo para la India, sino también para la India. por el mundo. Ilumina cómo los regímenes de derecha están utilizando un manual para desmantelar silenciosamente la democracia desde dentro, bajo el barniz de legitimidad legal. Esta es la historia de cómo se construye un Estado autoritario, de forma legal.
Paso 1: reinterpretar las leyes existentes
En febrero de 2022, una activista de derechos humanos del estado de Rajasthan, en el norte de la India, a la que llamaré Tara*, fue arrestada y enviada a prisión durante cuatro días. Tara me dijo que diez agentes de policía se presentaron en mitad de la noche para informarle que lo habían acusado de incitar al odio. Según los artículos 153A y 295 del código penal indio (introducido por primera vez en 1860 por el régimen colonial británico), fue acusado de "promover la enemistad" entre diferentes grupos religiosos e "insultar los sentimientos religiosos de los hindúes".
Aunque Tara finalmente quedó en libertad bajo fianza, su estancia en prisión, la brutalidad que experimentó a manos de los agentes de policía que lo arrestaron y la amenaza de nuevos procedimientos judiciales le han dejado profundas cicatrices físicas y psicológicas. En múltiples conversaciones en el otoño de 2023, reveló que aún le cuesta dormir por las noches por temor a que la policía regresara y lo llevaran de nuevo a prisión.
Para hacer las cosas más confusas, Tara es una hindú devota. Pertenece a la comunidad dalit de la India, la más baja en la jerarquía de castas hindú. En su aldea, muchos dalits adoran a una deidad hindú local, Ramdev Pir , un guerrero legendario de la casta de alto rango Rajput que, según se decía, era cercano a su hermana adoptiva, una dalit, y por lo tanto es reverenciado tanto por los Rajput de casta superior como por Grupos hindúes dalit (además de algunos seguidores musulmanes de la rama sufí del islam).
Pero los Rajputs de la zona no permitían a los dalits ni a los musulmanes entrar en el templo local de Ramdev. Decidida a cambiar las cosas, Tara convocó una reunión para discutir el tema. Durante la reunión, proclamó públicamente que Ramdev es una deidad que pertenece a todos los hindúes, e incluso a los musulmanes, no sólo a los rajputs de casta superior. Esa misma noche, la policía llegó a su puerta.
Cuando hablamos de su tratamiento, las reflexiones de Tara fueron matizadas y mostraron una profunda comprensión de la forma cambiante en que se aplica el código penal de la India:
El hecho de que los dalits sean discriminados por los hindúes de casta superior no es nuevo en sí mismo... pero lo que estamos viendo ahora bajo este gobierno nacionalista hindú es que secciones del código penal se están interpretando de nuevas maneras para excluir aún más a comunidades como los dalits. Ahora, los hindúes de castas superiores están utilizando secciones como 153A y 295 de la estaca código penal indio para afirmar que los grupos marginados que señalan exclusión o discriminación están insultando a los hindúes "reales" de castas superiores.
Un abogado de derechos humanos de Delhi describe el trato dado a Tara como una "reinterpretación hindutva de terminologías criminales". El Raj británico introdujo el artículo 153 del código penal indio (IPC) para evitar disturbios públicos entre diferentes comunidades religiosas. Pero ahora, sostiene el abogado, los partidarios del Hindutva están cada vez más "convirtiéndolo en un arma" y otros sectores contra los grupos minoritarios que intentan crear conciencia sobre las formas de violencia o exclusión que están experimentando:
En la lógica hindutva, cuando una persona marginada señala que está sufriendo violencia o discriminación por parte de poderosos grupos hindúes, esto es un "insulto" y equivale a una declaración de hostilidad contra ella.
Paso 2: introducir nuevas leyes
El proyecto político Hindutva contradice los principios de secularismo, igualdad y libertad consagrados en la constitución de la India, que entró en vigor el 26 de enero de 1950. Redactada centralmente por Bhimrao Ramji Ambedkar , un jurista de la comunidad dalit, la constitución tenía como objetivo establecer un sistema poscolonial. India como una democracia definida por un profundo respeto a la diversidad social, política y religiosa, y guiada por el principio de no discriminación.
El segundo elemento de la estrategia de Modi es la introducción de nuevas leyes y códigos penales contra las minorías. Entiende que la reinterpretación de las medidas legales existentes es insuficiente para construir un Estado mayoritario, donde los hindúes, como comunidad religiosa más grande, puedan determinar de manera desproporcionada las decisiones políticas. Por tanto, su gobierno ha gastado recursos sustanciales en nuevas medidas legales que han empujado a los musulmanes a los márgenes sociales. Poco después de ser reelegido para un segundo mandato en 2019, por ejemplo, el gobierno de Modi revocó la autonomía constitucional de Jammu y Cachemira, el único estado de mayoría musulmana de la India.
Tanto a nivel nacional como estatal, la lista de leyes anti-minorías introducidas durante el reinado de Modi es sorprendentemente larga. Solo un ejemplo es la Ley de Prevención de la Conversión Ilegal de Religión, introducida en el estado más poblado de la India, Uttar Pradesh, en 2021, que ha permitido arrestar fácilmente a parejas interreligiosas, especialmente a jóvenes musulmanes acusados de seducir a mujeres hindúes como parte de un " amo la yihad".
Pero la legislación anti minorías más flagrante es la Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAA) de 2019, que niega a los inmigrantes musulmanes en la India las mismas vías de ciudadanía que a otros grupos religiosos. Redactada en el lenguaje de la protección nacional y los derechos hindúes, la CAA fue rápidamente declarada ley "fundamentalmente discriminatoria" por el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Los críticos temían que, junto con el Registro Nacional de Ciudadanos, creado en 2003 para realizar un seguimiento de todos los ciudadanos indios "legítimos", la CAA dejaría apátridas a miles de musulmanes en suelo indio. Como resultado, su introducción provocó un estallido de enfrentamientos entre hindúes y musulmanes ahora conocidos como los disturbios de Delhi , en los que al menos 53 personas murieron (de las cuales 38 eran musulmanes y 15 hindúes) y cientos más resultaron heridas durante cuatro días de violencia en febrero. 2020.
"Un día te despiertas y te dicen que toda tu comunidad ahora cuenta oficialmente como ciudadanos indios secundarios", me dijo en 2023 Rashid*, estudiante de la Universidad Jamia Millia en Nueva Delhi. "Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estás envuelto en violencia sólo porque desafiaste esa suposición. Y la policía no hace nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las órdenes de arriba son dejarnos morir a los 'traidores' musulmanes".
Rashid había formado parte de las protestas pacíficas contra la CAA en Delhi que comenzaron en diciembre de 2019. En febrero siguiente, la situación se intensificó cuando turbas hindúes, supuestamente sin obstáculos por parte de la policía de Delhi, comenzaron a atacar a los manifestantes musulmanes después de que algunos políticos del BJP volvieran a llamar públicamente ellos "traidores". Multitudes hindúes quemaron casas y negocios musulmanes, y apareció un vídeo que aparentemente mostraba a cinco hombres musulmanes siendo golpeados por policías mientras los obligaban a cantar el himno nacional indio. Según los informes, uno de ellos murió dos días después.
El impacto de los disturbios de Delhi en las comunidades musulmanas de toda la India ha sido profundo. Según un abogado musulmán que trabaja en la Corte Suprema, la introducción de la CAA y los posteriores disturbios en Delhi enviaron no uno sino varios mensajes a los musulmanes indios.
Primero, nos dicen que no pertenecemos a la India como lo hacen otros grupos religiosos. Entonces, será mejor que no cuestionemos nuestra inclusión parcial porque resultará en nuestra muerte. Y además, las fuerzas del orden no nos protegerán. Finalmente, se nos muestra que aquellos que quieran ayudar a los musulmanes a luchar por sus derechos verán impactadas sus carreras.
Tras los disturbios de Delhi, el juez S. Muralidhar, juez del Tribunal Superior de Delhi, convocó una audiencia de emergencia en la que ordenó a la policía de Delhi que presentara denuncias contra los políticos del BJP que habían llamado traidores a los manifestantes musulmanes. En 24 horas, el gobierno indio anunció el traslado de Muralidhar a un tribunal superior diferente, confirmando que ya no presidiría el caso de los disturbios de Delhi.
Paso 3: silenciar a los jueces.
El rápido traslado del juez del Tribunal Supremo ofrece un vistazo a la tercera estrategia que el gobierno de la India ha utilizado para consolidar el poder y socavar las estructuras democráticas: el silenciamiento de un poder judicial crítico, alguna vez independiente.
En abril de 2023, regresé a Delhi desde el Reino Unido para realizar un trabajo etnográfico sobre las audiencias sobre discurso de odio en la Corte Suprema de la India. Encontré un apartamento en un barrio donde muchos abogados tenían sus despachos y pronto establecí una red de defensores locales que me proporcionaron información sobre casos en curso y audiencias relevantes en la Corte Suprema.
Un día estaba en casa cuando uno de ellos me indicó urgentemente que viera una transmisión en vivo de una audiencia de la Corte Suprema. Se trataba de una petición presentada por un grupo de defensores de los derechos humanos y de la Corte Suprema preocupados, que detallaba cómo el gobierno del estado indio de Maharashtra había fallado repetidamente en responder a los discursos de odio públicos y extremadamente sangrientos de un pequeño grupo de radicales hindúes.
Mientras observaba, el fiscal general de la India, el segundo funcionario jurídico más importante del país y asesor del gobierno intervino en el proceso. Interrumpiendo al juez presidente, que pertenecía a la minoría cristiana de la India, el procurador general acusó al tribunal de parcialidad al escuchar una petición que sólo incluía discursos de odio contra los musulmanes. Exigió saber por qué el tribunal no investiga los discursos de odio contra los hindúes: "¡No seamos selectivos!" reprendió al tribunal.
A medida que el proceso se sumía en el caos, el juez se vio obligado a reprogramar el caso para otro día. A la mañana siguiente, algunos medios de comunicación informaron que este juez cristiano había mostrado un sesgo pro-musulmán e incluso había sonreído ante la sugerencia de un posible genocidio contra los hindúes de clase alta por parte de musulmanes. El abogado que había presentado la petición quedó frustrado y furioso por estos hechos:
Al final, nadie podía siquiera recordar que este caso trataba de detener los llamamientos al genocidio contra los musulmanes. Esto es lo que hace el gobierno: crear caos, ignorar los procedimientos legales adecuados y deslegitimar a los tribunales mediante un teatro de distracciones.
Paso 4: revisar la historia.
Según el manual autoritario que ha surgido en todo el mundo, deslegitimar las voces críticas en los tribunales todavía no es suficiente para desmantelar una democracia. Para lograr un control total sobre la opinión pública, se requiere un ingrediente final: hay que utilizar el sistema legal ahora subordinado para promover una versión de la historia nacional que esté en línea con la visión social y política del gobierno. Porque cuando las sentencias judiciales entran en el registro público, tienen el poder de moldear la percepción pública y la memoria colectiva.
En la India de Modi, el mejor ejemplo de esto es el fallo de la Corte Suprema de 2019 en la disputa en torno a la mezquita Babri Masjid en Ayodhya, que permitió a Modi inaugurar un mega templo reluciente hecho de mármol blanco y dedicado a la deidad hindú Ram en este disputado sitio. Fue un fallo que algunos abogados con los que hablé consideraron tan inconstitucional que sacudió su fe en todo el sistema legal. Un prometedor abogado de la Corte Suprema me dijo en mayo de 2023:
Antes de la sentencia de Ayodhya, yo era un joven abogado ingenuo recién salido de la escuela que creía que, si se presenta ante el tribunal las pruebas adecuadas, se respeta la constitución y se tienen conocimientos argumentativos y procesales, se gana un caso. Pero el juicio de Ayodhya rompió mi fe.
Continuó afirmando que el Tribunal Supremo había mostrado "una falta de respeto tan total hacia las pruebas en ese caso, para validar las demandas hindúes, que [él] casi renunció por completo". El abogado suspiró profundamente:
Los juicios importan... Definen cómo la gente corriente ve el mundo. Y éste ha dejado muy claro a todos que en la India hindutva no hay espacio para las reivindicaciones musulmanas.
La mezquita Babri Masjid fue construida a principios del siglo XVI durante el reinado del fundador del imperio mogol, Babur . Pero en 1853, una secta hindú afirmó que había sido construido en el sitio de un templo hindú anterior dedicado a la deidad hindú, Lord Ram. Después de gestarse durante más de un siglo, la disputa se intensificó en la década de 1990, cuando el entonces líder del BJP, Lal Krishna Advani, encabezó una campaña nacional para construir un nuevo templo Ram en el lugar. Inspirados por su afirmación, más de 10.000 nacionalistas hindúes se reunieron en Ayodhya el 6 de diciembre de 1992 y demolieron la mezquita. Tras su destrucción, estallaron violentos disturbios hindúes-musulmanes en toda la India y más de 2.000 personas murieron.
La disputa sobre el sitio terminó en la Corte Suprema que, en noviembre de 2019, publicó un fallo matizado de 1.000 páginas que, si bien enfatizaba la importancia de guiarse por un procedimiento constitucional laico, observaba que "en cuestiones de fe y creencias, la ausencia la prueba no puede ser prueba de ausencia". Por lo tanto, adjudicó el terreno en disputa a los partidos hindúes para la construcción de un templo, al tiempo que pidió al gobierno que encontrara a los musulmanes un terreno alternativo "adecuado".
Los críticos de la sentencia Ayodhya argumentan que dio prominencia a las creencias de un sector de la población y privilegió una versión hindú mítica de la historia india sobre lo que indicaba la evidencia científica, lo que significó una nueva dirección en la política y el derecho indios.
En febrero de 2023, mientras tomaba un café, mi vecino, el abogado principal de la Corte Suprema de la India, explicó todo el significado de la sentencia desde su perspectiva:
Fue más que un ingenioso complot de propaganda autoritaria que altera un poco las afirmaciones históricas. Ayodhya fue una reescritura sistemática de la historia antigua de la India por parte del tribunal más alto de nuestra tierra.
Muchos expertos legales sugieren que la sentencia de Ayodhya no fue un accidente, sino el resultado de una campaña gubernamental sistemática para llenar puestos vacantes en el tribunal supremo con simpatizantes nacionalistas hindúes. Esta sugerencia está respaldada por un análisis de los datos de la Corte Suprema desde 2004 en adelante realizado por la Campaña por la Responsabilidad Judicial de la India, que encontró que el número de jueces de la Corte Suprema que explícitamente utilizan argumentos basados en la fe hindú en lugar de argumentos constitucionales en sus sentencias había aumentado de cero a nueve en los años transcurridos desde que Modi se convirtió en primer ministro por primera vez en 2014.
"Todavía vemos atisbos de un poder judicial indio independiente", me dijo el abogado principal la última vez que hablamos en noviembre de 2023, "pero cada día son menos... Me preocupa que pronto nuestros tribunales constitucionales guarden silencio".
Los líderes autoritarios dan forma a la nación que quieren.
Tara, el activista dalit de derechos humanos, todavía se está recuperando psicológicamente de los efectos de su arresto policial a medianoche y su breve encarcelamiento. Él, junto con muchos de los abogados que he entrevistado, advierte que, si Modi es reelegido, su gobierno del BJP planea reescribir la constitución para reflejar su visión de la India como un país gobernado por ideologías y prácticas hindúes.
Un hombre indio con traje habla por el micrófono.
Por lo tanto, nuestra constitución india está imbuida del espíritu de igualdad y justicia social para todos. El preámbulo dice: "Nosotros, el pueblo de la India, garantizamos la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos los ciudadanos". Todos los ciudadanos -no sólo los hindúes. El intento de hacer de la India una nación hindú y adaptar la ley a esta agenda es inconstitucional.
Estas preocupaciones se han profundizado con el anuncio del gobierno en febrero de 2024 de que todo el cuerpo del derecho penal indio (código penal, código de procedimiento penal y ley de pruebas) será reemplazado en julio por un nuevo conjunto de códigos penales que aumentarán los poderes policiales y facilitar la vigilancia gubernamental. Según un abogado que trabaja día y noche para la protección de los grupos más marginados de la India, si la constitución india también se reescribe -o "rectifica", como sugirió recientemente un diputado del BJP- entonces:
La transformación de la India en un Rashtra hindú [reino hindú] será completa. Todo lo que valoramos ahora de la Constitución, todo lo que alguna vez hizo de la India un proyecto democrático tan apasionante -el énfasis en la igualdad y la diversidad- desaparecerá.
Por supuesto, esta narrativa no es exclusiva de la India. Los líderes autoritarios de todo el mundo no se limitan a desafiar las leyes; utilizan la maquinaria legal existente para dar forma a la nación que quieren. En 2018, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, resumió sucintamente esta idea. "La ley", dijo, "."debe existir para defender a las mayorías, y las minorías deben ajustarse a eso o desaparecer
En diciembre de 2023, organizaciones de noticias independientes en Hungría advirtieron que se había introducido una nueva ley para socavar las voces críticas de los medios independientes. Al igual que en India, el gobierno de Víctor Orban ha argumentado que las críticas al gobierno deben ser socavadas para mantener la paz.
Deslegitimar un poder judicial independiente es otra estrategia autoritaria frecuente. En 2017, el expresidente estadounidense Donald Trump acusó a un juez federal de poner a Estados Unidos "en peligro" al bloquear su propuesta de prohibición de viajar para musulmanes. También en este caso, el intento del poder judicial de respetar los principios constitucionales fue calificado de "antinacional".
Y los gobiernos autoritarios siempre han sido expertos en reescribir el pasado de acuerdo con su propia causa. Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anexó Crimea en 2014, afirmó que zonas predominantemente rusas de Ucrania habían quedado bajo el dominio de fuerzas neonazis y necesitaban ser liberadas. Si bien había poca evidencia que respaldara esta narrativa, fue efectiva para crear una sensación de amenaza y urgencia, que también obtuvo apoyo para su posterior invasión de Ucrania.
En esencia, cualquier proyecto autoritario -ya sea en Estados Unidos, Rusia o India- debe proponerse abordar el sistema legal del país. Para lograr el nivel de control deseado, los líderes del proyecto saben que deben alinear las instituciones supuestamente productoras de justicia, como los tribunales y la policía, con sus ideologías políticas, o sus ambiciones para el país fracasarán.
Lo más preocupante es que, mientras Modi y otros populistas autoritarios de todo el mundo participan en lo que se denomina "el mayor año electoral de la historia", haríamos bien en recordar que cada vez más, incluso si algo se declara legal, no es necesariamente democrático, o solo moral.
Este artículo es parte de un estudio encabezado por la antropóloga Sandhya Fuchs junto a un extenso de investigaciones interdisciplinarias.
El trabajo Ley de Prevención de Atrocidades de Castas y Tribus Reconocidas de 1989, será publicado por Stanford University Press en junio de 2024 (https://www.sup.org/books /título/?id=36293) . Nombres y lugares han sido cambiados por seguridad. Actualmente vive y enseña en Los Países Bajos. Autorizada la libre reproducción de parte o la totalidad del texto.
Michael Mansilla
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
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